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Vol. 17. Núm. 2.Febrero 2003
Páginas 7-76
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MERCEDES PRATS
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Que el incremento de la factura farmacéutica no iba a respetar el pacto de estabilidad suscrito entre el Ministerio de Sanidad y los actores del sector farmacéutico era de esperar, de acuerdo con los pronósticos. El envejecimiento de la población, el incremento de los tratamientos preventivos y la inmigración son, según fuentes oficiales, los culpables de esos 0,4 puntos en los que se ha visto superado el esperado 9,5% de crecimiento de la factura farmacéutica pública. Otras fuentes, las oficiosas, también culpan de este incremento al descontrol en la prescripción, sobre todo la que afecta a los enfermos crónicos, y a la presión de los laboratorios sobre los médicos. Pero ese ya es otro tema.

Farmaindustria, de acuerdo con lo pactado, aportará 100 millones de euros, pero además se muestra benevolente y añade 12 millones más motu proprio. Eso sí, también motu proprio propone que la distribución farmacéutica y las oficinas de farmacia aporten otro granito de arena al pedrusco de 535 millones de euros que éstas últimas ya han aportado desde la entrada en vigor del RD 5/2000.

Lo cierto es que las medidas aplicadas no surten efecto. Ni la implantación de los genéricos, ni las campañas de educación sanitaria, ni... Sólo una mayor complicidad y cooperación de los ciudadanos permitirán que el control del gasto en medicamentos sea una realidad. En este sentido se expresaba recientemente el director general de Farmaindustria, Humberto Arnés, en unas declaraciones a la prensa en relación a este tema: «La demanda es creciente y sólo hay dos alternativas posibles: desatender esta demanda --cosa que no es factible-- o financiarla. A largo plazo esto supondrá introducir más recursos en el sistema, ya sea destinando más presupuesto a sanidad que a otros departamentos, creando nuevos impuestos o aumentando el copago. Lo que está claro es que no se puede pagar una demanda creciente con el mismo esfuerzo económico».

Hasta este momento ningún partido político se ha atrevido a tomar en consideración la posibilidad de incrementar la aportación de los usuarios y estos siguen considerando la sanidad como un bien universal y gratuito, que lo es, e infinito, que no lo es.

Y mientras tanto, la Administración y los farmacéuticos asistimos, conscientes los segundos y, al parecer, inconsciente la primera, a la recogida y destrucción masiva de medicamentos que hemos dispensado, en algunos casos a beneficio cero, como resultado de una prescripción médica que el ciudadano recibe sin ser consciente del valor económico que entraña, porque no la paga.

Desde luego, algo no funciona.

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