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Rev Esp Med Legal 2012;38:87-8 - DOI: 10.1016/j.reml.2012.07.001
Editorial
Nuevas dimensiones de un viejo problema: conducción y consumo de sustancias
New approaches for an old problem: driving under influence of drugs
Juan Carlos González Luque
Unidad de Coordinación de la Investigación, Dirección General de Tráfico, Madrid, España

El trabajo publicado en el presente número de REML por Soria et al., sobre correlación de las concentraciones de sustancias psicoactivas en fluido oral (FO) y sangre en relación con la conducción1, revisa ventajas e inconvenientes de la utilización del FO en el ámbito de la intervención preventiva en las vías públicas. Como señalan los autores, en referencia a las drogas de comercio ilegal, existe menor conocimiento de su impacto en las lesiones por tráfico que el impacto del consumo de alcohol, tanto en cuanto a magnitud del problema, como en cuanto a la efectividad de las medidas preventivas. Sin embargo, ya existen evidencias acerca del riesgo asociado al consumo de sustancias, especialmente para el cannabis2 o de la alta prevalencia de consumo de determinados países europeos3, España entre ellos, donde por cada conductor que circula tras haber consumido alcohol, 3 lo hacen tras haber consumido otras drogas. Esto es debido, probablemente, a fenómenos de migración en la percepción del riesgo entre alcohol y otras drogas por parte de los conductores, tras años sin una política disuasoria ni sensibilizadora en el campo de las drogas.

Menos conocemos sobre medidas efectivas en relación al consumo de sustancias y conducción. En su defecto, las administraciones de tráfico de todo el mundo plantean un primer nivel de actuación a imagen y semejanza del alcohol: la intervención disuasoria sobre la población general de conductores a través de los controles de drogas a pie de vía. Es aquí donde los controles de drogas en FO cobran actualidad, al permitir identificar el consumo reciente y constituir la muestra biológica electiva frente a la sangre.

Sin embargo, conviene matizar ya que los ámbitos disuasorios administrativo y penal tienen objetivos y procedimientos diferentes, aunque son complementarios y parten de una base común. La intervención disuasoria administrativa se dirige a un primer nivel a la población general de conductores, ha de basarse en la evidencia de un riesgo poblacional y, preferentemente, dirigirse a minimizar el problema (por ejemplo, mediante la estimación de las fracciones atribuibles poblacionales). En este marco, y con el grado de conocimiento actual, la administración española opta por una aproximación de «tolerancia cero», que se materializa en la infracción por el hecho del consumo reciente («mera presencia») de la sustancia por parte del conductor. Ello, a su vez, aconseja determinadas modificaciones normativas, como la que viene desarrollándose en este momento sobre el vigente Reglamento General de Circulación.

En cambio, la intervención desde el ámbito penal se basa en la evidencia del riesgo individual, interpretado en el ámbito de decisión del juez, y se dirige a la separación del sujeto que delinque del resto de la sociedad. Para ello, es precisa la objetivación de la influencia del consumo en la conducta concreta y específica del sujeto. La reforma en 2010 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal4 ha supuesto el marco necesario para adecuar la norma penal a la realidad del problema.

Las 2 aproximaciones, por tanto, tienen similitudes, entre las que se encuentran el marco de garantías en el procedimiento de recogida y gestión de las muestras, o la posibilidad de intervención reeducadora o rehabilitadora posterior. Pero son sustancialmente diferentes. La utilización de la matriz de FO tiene indicaciones en ambos procedimientos, administrativo y penal, pero con un papel diferente dentro de cada uno de los 2 procedimientos. Y no conviene saltar del papel del FO entre uno y otro marco legislativo para evitar confundir y confundirnos.

En el ámbito de la intervención administrativa hay que incrementar el conocimiento de la magnitud del problema medido en términos de frecuencia y de riesgo, pero entendemos que el procedimiento puesto en práctica en nuestro país en el marco del proyecto DRUID (Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines) y que, básicamente, se mantiene en los controles de drogas realizados en la actualidad por los agentes de la autoridad, permite asegurar la presencia de sustancia y el consumo reciente5. En el ámbito de la intervención penal, a nuestro juicio, es preciso garantizar, inicialmente, una determinación cualificada de los signos de influencia por parte de los agentes debidamente formados al respecto, dentro de un procedimiento reglado y contrastado. Este «modelo policial» es el seguido por la mayor parte de los países de nuestro entorno al resultar más eficiente que el «modelo sanitario», en el que el facultativo reconoce en campo al conductor. En la actualidad, la Dirección General de Tráfico desarrolla un estudio dirigido al establecimiento de un programa de formación reglada y a la armonización del procedimiento de reconocimiento6. Cabe recordar en todo caso, que es el juez el que ha de decidir sobre la influencia del consumo, en tanto que los agentes de la autoridad desarrollan su labor únicamente en la tarea de reconocer los signos del protocolo y dar fe de ellos ante el juez. Además de signos de influencia, a nuestro juicio serán precisas otras 2 actuaciones: 1) la constatación del consumo reciente de sustancia mediante los mismos procedimientos aplicados en la vía administrativa, y 2) la plausibilidad biológica entre los signos hallados y, el tipo de sustancia consumida a través del correspondiente informe o peritación toxicológicos.

Como los autores señalan, es preciso promover la investigación acerca de la correlación entre FO y sangre y, sobre las circunstancias que la condicionan. Y ello es preciso fundamentalmente en aras de incrementar la carga de la prueba en la determinación de la influencia, siguiendo la línea de objetivación del delito iniciada con las modificaciones penales sobre el alcohol. Además, es preciso promover estudios epidemiológicos acerca del riesgo de conducción asociado a determinadas sustancias, especialmente cocaína en nuestro medio7.

Existen otras cuestiones inquietantes en el ámbito de la prevención. A semejanza del alcohol, con las otras drogas es preciso enfrentarse a un viejo problema: la saturación de determinadas medidas punitivas dirigidas al conjunto de los conductores, debido al fenómeno del reclutamiento selectivo8. Ello nos obliga, por ejemplo, a identificar y caracterizar a los conductores reincidentes en la conducta de consumo de sustancias y conducción. Identificar este grupo de alto riesgo es el objetivo del sistema de permiso de conducción por puntos. Pero no vale con identificarlos. Además, y sobre todo, hay que caracterizar a estos conductores de cara a desarrollar medidas específicas, en la línea de los programas de reobtención del permiso, que han resultado efectivos en otros países9. La medida disuasoria que acompaña al desarrollo del permiso por puntos es por sí sola, claramente insuficiente como ya advierten diversos autores10. No es nuevo enfrentarse al impacto en la salud de las conductas adictivas, sin embargo, es insuficiente lo que se conoce respecto a medidas efectivas y eficientes frente a dichas conductas en el ámbito vial, aún sabiendo que el grupo de conductores reincidentes probablemente se nutra en buena medida de este tipo de conductas.

Finalmente, como señalan las conclusiones del proyecto DRUID, no se debe incrementar las actuaciones sobre drogas a costa de reducir la vigilancia sobre el alcohol. A pesar de un más que probable efecto de «migración» del riesgo percibido por los conductores del alcohol a las drogas, es sabido que el problema vial del alcohol es, aún hoy día, de primera magnitud.

Bibliografía
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Presencia de alcohol, drogas y medicamentos en conductores españoles Informe final julio
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S. Boets,U. Meesmann,S. Klipp,B. Bukasa,E. Braun,E. Panosch
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J.I. Castillo-Manzano,M. Castro-Nuno
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